Hope Hicks, quien fuera asesora de la Casa Blanca bajo el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, señaló durante el asalto al Capitolio registrado el 6 de enero de 2021 que el incidente dejaba en muy mal lugar a todos aquellos que hubieran trabajado para el magnate neoyorquino y alertó de que todos ellos habían pasado a ser considerados «terroristas domésticos».
En una serie de mensajes de texto intercambiados con Julie Radford, antigua jefa de prensa de Ivanka Trump, la hija del expresidente, Hicks aseveró que Trump había acabado con cualquier «oportunidad de cara al futuro que no incluyera conversaciones sobre los Proud Boys», una organización ultranacionalista y de extrema derecha, según informaciones del portal de noticias The Hill.
«Ahora todos parecemos terroristas», dijo entonces, tal y como han revelado los documentos recabados por la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga lo sucedido aquel día en que una turba de seguidores de Trump irrumpió en el Congreso de Estados Unidos para detener la ratificación de los votos de las elecciones que daban la victoria al actual presidente, Joe Biden.
Hicks advirtió de que la gran mayoría de asesores de Trump, especialmente aquellos que no contaran con una posición privilegiada o tuvieran un buen puesto de trabajo antes del incidente, «estarían sin trabajo para siempre». «Estoy enfadada y angustiada», puntualizó en sus mensajes, a los que Radford contestó asegurando que llevaba «una hora llorando».
Las dos mujeres abordaron, además, la dimisión de la exdirectora de comunicación de la Casa Blanca Alyssa Farah Griffin, que dimitió un mes antes del asalto y, según Hicks y Radford, «quedó como un genio».
La Comisión sobre el asalto al Capitolio ha difundido numerosas transcripciones de testigos a lo largo de la semana pasada de cara al pleno en el que se establecerán las conclusiones de su investigación. Los miembros de la misma finiquitaron su informe final el mes pasado y aconsejaron imputar a Trump por la comisión de cuatro delitos, si bien esta decisión no es vinculante.
Aunque ahora la decisión queda en manos del Departamento de Justicia, se trata de la primera vez que una comisión parlamentaria estadounidense recomienda que un expresidente sea llevado ante la Justicia por la comisión de delitos.
Fuente: (EUROPA PRESS)
