El fiscal general de Líbano, Ghasán Ueidat, ha imputado al juez que encabeza las investigaciones sobre las explosiones del 4 de agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, por «rebelión contra la justicia», en un paso más en el enfrentamiento judicial en torno al paso y ante el malestar de los familiares de las víctimas, que siguen reclamando que se haga justicia en el caso.
Ueidat, que el miércoles ordenó la liberación de todos los detenidos en el caso, ha indicado que el juez Tarek Bitar ha sido imputado también por «usurpación de poder» y le ha prohibido abandonar el país, según ha informado el diario libanés ‘L’Orient le Jour’. Las decisiones del fiscal general llegan en respuesta a su imputación por parte de Bitar, quien retomó el lunes sus pesquisas tras trece meses de bloqueo.
De hecho, el propio Bitar ha manifestado en declaraciones a la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, que continúa llevando a cabo sus funciones y ha recordado que Ueidat está recusado en el caso debido a que fue imputado. Por ello, ha hecho hincapié en que las recientes decisiones del fiscal general «son ilegítimas y no deben ser aplicadas».
La Fiscalía General ya presentó una notificación el martes ante los tribunales para que no aplicaran las últimas decisiones del juez al considerarlas inválidas. Bitar retomó el lunes sus trabajos después de verse bloqueado por una catarata de demandas contra él por parte de políticos y altos cargos de seguridad a los que citó a declarar o imputó en relación con las explosiones.
La postura de Ueidat en el caso ha incrementado el malestar de los familiares de las víctimas y de hecho un grupo de ellas se reunió a última hora del miércoles frente a la vivienda del fiscal general para iniciar una sentada en protesta por su orden de liberar a todos los detenidos en el marco de las investigaciones sobre el suceso, que dejó más de 220 muertos y enormes daños materiales.
Bitar sustituyó a Fadi Sauan después de que fuera apartado del caso tras una serie de quejas presentadas por altos cargos citados a declarar, entre ellos el exministro del Interior Nuhad Machnuk, si bien las demandas de varios exministros llamados a declarar provocaron igualmente la suspensión de sus investigaciones.
Las explosiones estuvieron causadas por cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto, principal punto de entrada de bienes y ayuda humanitaria, según las primeras pesquisas, si bien por ahora no ha descartado otras opciones. El suceso provocó una oleada de protestas por lo que la población percibe como un reflejo de la mala gestión, la corrupción y la injerencia de los partidos en los asuntos del Estado, lo que derivó en la caída del Ejecutivo de Hasán Diab.
Fuente: (EUROPA PRESS)
